Chile: Fijación de Precios

La regulación económica, de acuerdo a la legislación vigente, descansa sobre el principio básico que -el mejor asignador de recursos es el mercado-, y en ese sentido, en todas aquellas áreas en las cuales no existen imperfecciones se permite que las tarifas sean establecidas libremente por los operadores. El Estado solamente interviene en aquellas áreas en las cuales la operación del mercado por si solo no es suficiente para asegurar una asignación óptima de recursos. Es decir, la regulación interviene para corregir principalmente situaciones de mercados con características de monopolio natural, externalidades u otras imperfecciones de mercado.

En Chile, el Estado no interviene en la fijación de precios, salvo en el caso de los productos agrícola. En el año 1983 se reintrodujo nuevamente el sistema de Bandas de Precios, las que actuaban definiendo un precio mínimo o “piso” y un precio máximo o “techo”, entre los cuales el costo de importación del bien agrícola debía ajustarse. 

Este mecanismo comenzaría a operar cuando los precios del mercado sobrepasaran o fueran inferiores a los precios nacionales. Cuando ocurriera esto se utilizarían derechos compensatorios o rebajas arancelarias, para llevar a los precios de importación dentro de estos rangos preestablecidos. Cabe mencionar que la intervención de los precios agrícolas realizada a través de la Banda de Precios se ha mantenido hasta la actualidad, pero pese a ser aceptada por la Organización Mundial de Comercio (OMC), ha sido criticada abiertamente por los países exportadores de productos agrícolas y competidores de Chile, además de las industrias nacionales, que dicen verse afectadas por el control de precios.

La OMC, a mediados del 2003, estableció que la BP aplicada por Chile tiene similitudes a un arancel variable, y que al establecer precios mínimos de importación, no cumple con las normas permitidas. La BP (art. 1° de la Ley 19.897 del 26 de septiembre de 2003) será modificada, y en el hecho, hacia el año 2015, se alcanzará una condición de absoluta libertad de comercio para todos los rubros.