El estudio del origen de los partidos
políticos y su relación e influencia sobre la Democracia, requiere situarse en
el contexto en los que estos fueron creados, En el caso venezolano, tal como lo
señala Bracho (1992), como consecuencia de la desarticulación social producto
de la dictadura, los movimientos sociales no poseían capacidad de movilización
y los actores sociales no tenían perfiles claros, por ello las organizaciones
partidistas se constituyeron en el eje de la movilización contra la dictadura,
y asumen un rol protagónico.
El sistema político
venezolano, puede ser caracterizado a partir de 1958 hasta 1993, como un
sistema electoral que se desenvolvió dentro del contexto del desarrollo de una
relación que giró en torno a dos grandes partidos políticos: Acción Democrática
(AD) y Comité Político Electoral Independiente (Copei). Posteriormente se
presentó un cambio del sistema bipartidista a uno pluripartidista en 1993, que
permitió la renovación del presidencialismo en Venezuela. Efectivamente, las
elecciones de diciembre de 1993, abren paso a la superación definitiva de las
características del antiguo régimen de partidos. (Romero, 2009)
De acuerdo a Michels (2008),
estos partidos políticos pueden ser ubicados dentro de los llamados partidos de
masas, más preocupados por la cantidad de sus militantes que por su calidad y
con una tendencia marcada hacia una organización centralizada debido a la
necesidad de desarrollar un aparato complejo y jerarquizado; comprobado por las
características propias del Estado venezolano altamente centralizado y con
concentración de poder en pocas manos.
El partido político, en la
función de intermediación entre ciudadano y Estado, cumple la importante misión
de transformar lo particular en general. El partido debe mantenerse en relación
permanente con la sociedad civil y ello sólo puede alcanzarse, si logra una
plena comunicación con su base social. De lo contrario se produciría la pérdida
de credibilidad en las instituciones que funcionan divorciadas de la sociedad
civil, el sistema se debilita y se da un alto grado de pérdida de legitimidad
política.
La participación política es
entendida como la intervención de los ciudadanos básicamente a través de los
partidos políticos, parlamentos, concejos municipales y cualquier otro órgano
que represente los intereses globales de una comunidad. En Venezuela, existe
confusión y desviación en la noción sobre el significado y contenido de la
Sociedad Civil organizada confundiéndola con el rol que deben cumplir los
partidos políticos, y las organizaciones religiosas y económicas que funcionan
en la localidad.
Por otra parte, se debe
señalar que el tema político, ejercido tanto en el nivel de las autoridades
como de los partidos políticos, se convierte en obstáculo a la participación.
En primer lugar, ocurre cuando el gobierno actúa favoreciendo o discriminando a
las organizaciones según su simpatía política; mientras que un segundo aspecto
ocurre cuando la política se introduce en las propias organizaciones.
Cabe señalar que, en las
sociedades modernas la participación no se limita sólo a procesos electorales,
como participación política, sino que representa también una forma de controlar
y moderar el poder otorgado a los representantes políticos a través de formatos
y mecanismos de Participación Ciudadana, que fortalezcan y nutran la vida
democrática de la sociedad.
Desde el punto de vista de
los Estados, desarrollar políticas públicas activas en materia de Participación
Social, particularmente a través de la educación respecto de los beneficios que
esto trae en términos de ampliación y consolidación de la democracia como
sistema político, es una manera de promover como efecto colateral las demandas
de Participación Ciudadana legítima en la gestión pública, y a través de ello,
una clara apuesta a aumentar en cantidad y calidad este tipo específico de
participación.
Una segunda función de los
partidos políticos se encuentra en la socialización política y transmisión de
la Cultura Política, lo cual permite garantizar la continuidad del sistema
político a través de las generaciones. Por intermedio de la socialización, el
sistema enseña a las nuevas generaciones los valores y el comportamiento
político de las generaciones precedentes a fin de garantizar la reproducción
permanente.
La socialización tiene un
rol fundamental en la estabilización del sistema político, ya que en la medida
en que esta función se realice eficazmente se pueden conquistar las ambiciosas
metas de la armonía y la paz social. Esto se logra a través de la generación de
los denominados "apoyos difusos" que son sentimientos de lealtad al
sistema, patriotismo, y respeto a los símbolos patrios.
La socialización política es
el proceso a través del cual se internaliza la cultura política En este
sentido, la existencia de una cultura política se convierte en un sustento de
legitimación del sistema que le permitiría a los partidos políticos soportar la
disminución de los apoyos en épocas críticas, en las que el Sistema Político no
puede responder a la sobrecarga de demandas de parte del medio social.
Para ejercer la
participación con carácter democrático se hace necesario crear espacios
participativos para lograr que la libertad y la igualdad se revelen y las
personas interactúen mediante el habla y la reflexión en un contexto donde
afloren sus propias identidades, evalúen sus acciones y descubran experiencias
mediante procesos de deliberación colectiva en temas de interés común.
Esto supone entender “lo
político” desde la acción y el discurso, desde la creación de un espacio
público en el que todas las personas, desde la pluralidad revelen su “propio
yo” y formen la trama de las relaciones humanas. El objetivo pedagógico en este
tipo de gestión es lograr romper con los comportamientos sociales tradicionales
que impiden la construcción de nuevas actitudes frente a los procesos de
desarrollo; capacitar, motivar y consolidar alianzas y articulación con otros
actores políticos-institucionales.
Por lo tanto, en el nuevo
contexto global, los ámbitos locales salen favorecidos como espacios de
construcción de proyectos colectivos, de profundización de la ciudadanía, y de
satisfacción de necesidades. Desde este punto de vista, la innovación local, la
articulación de redes y la activación del capital social, ya no operan solo
como referentes normativos, sino como valores practicables y hasta como
requisitos de la resolución eficaz de problemas.
Una tercera función de los
partidos políticos se encuentra en el reclutamiento, formación y renovación de
las élites garantizando el desarrollo de las anteriores funciones en la medida
en que proporcionaría al sistema político, actores capaces de mantener una
conexión con la sociedad civil, en permanente renovación y actualización, aptos
para aproximarse a las continuas demandas provenientes del medio social,
traduciéndolas en planes y programas susceptibles de responder a dichas
exigencias.
Los pueblos que valoran y
ejercitan el derecho a la participación en los distintos ámbitos de lo social
son pueblos que portan aprendizajes colectivos que les facilitan el demandar a
sus gobiernos el derecho al ejercicio de la Participación Ciudadana en la
gestión pública en aquellos peldaños más elevados de la "escalera de
participación"; es decir, no solamente como receptores de información u
objetos de consulta, sino como co-constructores de una democracia plena.
Por lo tanto, la
participación de la ciudadanía en la gestión pública contribuye a una
reformulación de “lo público”, propiciando conquistas de la Sociedad Civil en
dominios anteriormente reservados al Estado o al mercado, pudiendo contribuir a
corregir fallas de uno o del otro, así como a construir y reconstruir
instituciones para la paulatina y equitativa organización de los intereses de
la sociedad.
La Participación Ciudadana
no es un proceso que se genera de manera espontánea, sino que requiere: (a) un
sector público con disposición hacia la apertura, que difunda la información y
establezca espacios y mecanismos para acoger y canalizar las preocupaciones,
necesidades y propuestas de la ciudadanía, (b) una ciudadanía que se involucre
en las cuestiones públicas, con organizaciones que representen toda su
diversidad, (c) actitudes, disposiciones, espacios y herramientas que
contribuyan a que los derechos y deberes establecidos sean efectivamente
reconocidos y ejercidos, (d) legitimación de procesos en marcha y articulación
de las ideas y del conocimiento existente, y (e) efectivos procesos de diseño,
organización, coordinación, dirección, seguimiento, control y evaluación de la
participación.
De acuerdo a Sanhueza
(2004), los procesos para el ejercicio del derecho activo a la Participación
Ciudadana en la gestión pública deberían reunir las siguientes características:
(a) reconocimiento, respeto y empatía por el otro: ello implica aceptar que
sobre cada tema existen diversas percepciones, valoraciones e intereses
legítimos y estar dispuesto a ponerse en el lugar del otro, a incorporar nuevas
perspectivas, a buscar intereses compartidos, y a abrirse al cambio y a lo
nuevo; (b) orientación a resultados: las personas y las instituciones necesitan
razones y objetivos claros para participar en la gestión pública; (c)
inclusión: deben participar del proceso todas aquellas personas, grupos y
organizaciones con interés significativo en el asunto y que puedan ser
afectados positiva o negativamente por los resultados.
Además de las
características anteriores, el proceso de Participación Ciudadana debe ser: (a)
voluntario: dado que el proceso requiere dedicar tiempo, recursos materiales y
disposición anímica para informarse, deliberar y actuar, siendo la
incorporación al mismo voluntaria, con auténtica convicción y por propio
interés; (b) equitativo: el proceso debe garantizar que todos los participantes
tengan iguales oportunidades de trato, de capacidad de incidir, de acceder, y
usar los recursos y la información pertinente; (c) acotado en el tiempo: el
proceso de participación ciudadana en la gestión pública debe tener metas
realistas y alcanzables en plazos concretos, con etapas, productos o logros
medibles y evaluables, de modo que se perciban los avances y se rectifiquen
oportunamente los eventuales desvíos; y (d) controlable: deben estar claramente
asignadas las responsabilidades y los recursos para ejecutar las acciones, para
de esta forma controlar periódicamente la trayectoria de los acuerdos.
En un proceso de
Participación Ciudadana en la gestión pública pueden distinguirse, desde la
perspectiva de la Administración, diversos niveles que suponen diferentes grados
de atribución e involucramiento de las personas o grupos. De esta forma se
tiene un primer nivel informativo, en el cual se provee de la información sobre
el tema en cuestión. En este nivel el flujo de información es unidireccional
desde la administración, y en general no existe posibilidad de
retroalimentación o negociación directa sobre lo informado. Cabe señalar que
este nivel es más que un nivel primario de participación, siendo una condición
para la Participación Ciudadana.
El segundo nivel es de tipo
consultivo, en el cual se invita a personas y grupos a participar de manera
activa a través de sus opiniones y sugerencias en las cuestiones públicas
sometidas al proceso. Para desarrollar este nivel es necesario generar canales
efectivos para recibir la opinión y las diversas posturas referidas a la
cuestión focal. Los siguientes niveles corresponden a un nivel resolutivo, en
el cual se convoca a personas y grupos con posibilidades reales de influir
respecto de las cuestiones específicas, participando de un proceso de
negociación para establecer acuerdos con carácter vinculante; y el último nivel
corresponde a la cogestión, en el cual se convoca a actores claves para
participar de un proceso de toma de decisiones que involucra un conjunto de
cuestiones específicas, adquiriéndose las destrezas y capacidades,
fortaleciendo sus espacios y organizaciones y actuando con un sentido de
identidad y comunidad propio respecto de las cuestiones que los convocan.
A partir de allí, se definen
algunas estrategias en torno a la
Gestión Participativa como: (a) estrategia de formación de identidad,
(b) estrategias de formación de sujetos políticos, (c) estrategia para la
construcción propia del territorio, (d) estrategia social y política para la
construcción de lo público, (e) estrategias para la superación de conflictos,
(f) estrategia para la gestión territorial del desarrollo, (g) estrategia de
inclusión en la ciudad, y (h) estrategia para la construcción de una política
democrática.
De acuerdo a Cieza (2003),
en las comunidades es posible, e incluso deseable, adoptar estrategias de
pensamiento y acción que den respuestas a necesidades e inquietudes colectivas,
clarificando los compromisos y responsabilidades de las diferentes instancias
que configuran la vida comunitaria. De un lado, la planificación como concepto
asociado a la oportunidad racional de anticipar la imagen de lo que ha de ser
su futuro en términos de cambio social, aportando alternativas a la
incertidumbre, tanto para maximizar las oportunidades como para minimizar las
resistencias y dificultades. Del otro, la intervención como exponente del
carácter operativo y pragmático de lo que la planificación establece con
criterio de intencionalidad, a resolver no sólo como reflexión sino también
como praxis.
Bajo esta óptica, el Banco
Interamericano de Desarrollo (1997) define los Mecanismos de Información y
aprendizaje como condiciones previas para la participación en el desarrollo,
desglosados en: (a) mecanismos conjuntos de evaluación como la evaluación participativa
y la evaluación realizada por la comunidad, (b) mecanismos para compartir
información como la traducción y difusión de materiales, seminarios de
información, presentaciones y reuniones públicas, y (c) mecanismos de consulta
como reuniones de consulta, y visitas y entrevistas sobre el terreno en
diferentes fases.
Los Mecanismos de
Información son definidos como el acceso a información de interés general, e
incluyen su difusión activa y la posibilidad de consulta a través de medios
físicos, audiovisuales y electrónicos. (Carta Iberoamericana de Gestión
Pública, 2009). De igual forma entre los Tipos de Información se encuentran los
mecanismos de las tecnologías de información y comunicación (TIC), los cuales
atribuyen a la información poder causal sobre la participación a través del
efecto que tiene sobre el interés por participar, y a la comunicación el poder
que permitiría a los ciudadanos comunicarse directamente con los decisores
políticos sin necesidad de utilizar a los intermediarios, aumentando de esta
manera la participación. (Barber, 2008).
Los argumentos de
legitimidad y transparencia, componentes básicos de la participación requieren
la incorporación al sistema de mecanismos de información y de tipos de
información, respectivamente. Ambos factores son contemplados como derechos de
los ciudadanos y es obligación de Estado procurar el acceso a los mismos. La
viabilidad de un sistema de esta naturaleza depende de la voluntad política de
los organismos de Estado y del reconocimiento de la participación social en la
solución de las demandas más sentidas de la población.
El Estado Participativo
requiere altos niveles de transparencia definida, según Carmona (2000), como la
gestión de los asuntos públicos, ejercida de tal manera que el ciudadano pueda
ver lo que está sucediendo y acudir a medios de control y modificación. Estos
medios, según la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión
Pública (2009), son los mecanismos que permiten el acceso a información de
interés general, su difusión activa y la posibilidad de consulta a través de
instrumentos físicos, audiovisuales y electrónicos.
Mediante la información
oportuna se eliminaran obstáculos como el miedo a la manipulación y a formar
parte de juegos de poder y lucha política. De igual forma, las acciones para
participar no pueden ser limitativas a la asistencia a reuniones, sino que los
canales de participación deben ser comprensibles, fáciles y factibles. Así,
para que la sostenibilidad de la participación pueda ser aplicada debe ser explicada,
y como consecuencia se debe establecer, en función de éste conocimiento, una
primera división entre la ciudadanía de la siguiente forma: (a) las personas
que conocen el impacto de su participación, (b) las personas que no tienen
conciencia de este impacto, y (c) las personas que tienen conciencia del mismo,
pero no están dispuestas a hacer nada para remediarlo.
La transformación de las
personas del segundo tipo lleva a desarrollar estrategias de comunicación y
educación para dar a conocer estos impactos, esto también podría facilitar el
cambio de actitud a las del tercer grupo. Respecto a las personas que conocen
el impacto de la participación, se subdividen en tres tipos: (a) las personas
que creen que mediante la participación se puede lograr algún cambio, (b) las
personas que no tienen ninguna confianza en que el estamento político sea capaz
de cambiar el modelo de desarrollo, y (c) las personas que no saben cómo
participar en el proceso de cambio.
Efectuar esta
caracterización es importante para diseñar una política de inclusión que
permita mejorar los niveles de participación y su sostenibilidad. Cabe
resaltar, que cualquier decisión asumida en este sentido requiere una
evaluación periódica, de tal forma que se puedan corregir deficiencias, incorporando
nuevos conocimientos. La viabilidad de un sistema de esta naturaleza depende de
la voluntad política de los organismos de Estado y del reconocimiento de la
participación social en la solución de las demandas más sentidas de la
población.
Cabe señalar que la Carta
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública (2009)
establece que, la aplicación de las Tecnologías de Información y Comunicación a
los procesos de participación ciudadana en la gestión pública, posibilita el
desarrollo del derecho ciudadano a relacionarse y comunicarse electrónicamente
con sus Gobiernos y Administraciones Públicas. A tales efectos, se debe
promover el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación,
impulsando el desarrollo de mecanismos de gobierno electrónico que faciliten la
participación ciudadana, especialmente de los pueblos indígenas y grupos
poblacionales marginados y culturalmente diversos.
Los medios de comunicación,
con su actuación política, permitieron sumar adeptos a un complejo proceso de
transición de un régimen puntofijista, bipartidista, y estimularon el cambio
hacia un “nuevo modelo de hacer política. Directamente relacionado con lo
anterior la característica de la opinión pública es la comunicación y este
concepto involucra un concepto de difusión de mensajes con el empleo de todas
las formas comunicativas posibles y no sólo restringiendo el proceso de
transmisión a los medios propiamente masivos. A su vez, el contenido de los
mensajes tendrá que ser de interés colectivo, vale decir, que afecte a un grupo
de personas, y finalmente masiva, o sea, que el ciclo completo de la
comunicación tenga lugar dentro del ámbito público.
De esta manera, las
relaciones de comunicación tradicionales y formas de participación ciudadana, se
acrecientan con los medios masivos de comunicación, la introducción de las
nuevas tecnologías, como es el uso de Internet y sus aportaciones en la
formación de la opinión pública, lo cual resalta en el proceso de toma de
decisiones que atañen a la propia sociedad en su conjunto. Opinión pública y
democracia implican una relación permanente en el actuar y devenir de la
colectividad, en la medida en que ésta última se involucra estrechamente en el
proceso de toma de decisiones, que no únicamente compete a una clase política
dominante, sino que es necesario que la ciudadanía asuma su papel como agente
de cambio que todo Estado requiere para encarar de mejor manera los asuntos del
público.
De igual forma se pretende lograr que
la población promueva sus intereses legítimos al incorporarse a los procesos de
definición, ejecución y evaluación de las políticas públicas mediante espacios
y procesos transparentes y democráticos que contribuyan a erradicar la
corrupción. Ejemplo de estos espacios constituyen las audiencias públicas, las
cuales permiten identificar y medir el grado de satisfacción ciudadana respecto
a los servicios y proyectos gubernamentales, el nivel de cumplimiento de los
programas y acciones o servicios y su eficacia.
4.
Tipos de participación: programas o acciones de capacitación y asesoría
con el objetivo de apoyar a la ciudadanía, a través de la capacitación y
asesoría para que cuenten con los conocimientos básicos y herramientas
necesarias para realizar tareas de carácter preventivo en el control y
vigilancia de las obras y acciones de gobierno, tengan conocimientos técnicos
generales y especializados que les permitan planear, administrar, ejecutar y
controlar proyectos de autogestión, conozcan y ejerzan sus derechos a la
información, participación democrática y a la petición.
Tal como se observa en la
Figura 1, se deben fortalecer los programas de información a la población, la
organización social para el control y vigilancia, la intensificación de
espacios de comunicación directa gobierno-sociedad, y los programas o acciones
de capacitación y asesoría.
.
Figura 1. Mecanismos de
Fortalecimiento de la Participación
1.
Tipos de Información: mediante este componente se pretende asegurar que
la población esté informada sobre las reglas de operación de los sistemas
públicos, estándares de los servicios, características específicas de las
obras, acciones y proyectos, tipos y montos de apoyos económicos, los medios
institucionales existentes para resolver dudas y canalizar sugerencias, quejas
y denuncias. Estos programas de información a la comunidad buscan propiciar la
utilización de medios de información en términos de cobertura, accesibilidad,
oportunidad, calidad y eficacia y fortalecer el control preventivo, puesto que
al conocer los proyectos de gobierno, la ciudadanía puede identificar y
reportar cualquier desviación respecto de lo programado.
2. Mecanismos
de Participación: La organización social para el control y vigilancia fortalece
los mecanismos de participación y tiene dos propósitos centrales. Por una parte
diversifica las formas de participación social, organizada o individual, en su
vertiente de contraloría social; y por otra, respeta las distintas formas de
organización de la contraloría social, ya sea desde los consejos comunales, o
mediante las distintas Oficinas de Atención al Ciudadano que se encuentran en
funcionamiento en todos los Órganos de Control Fiscal.
La credibilidad y transparencia de la
gestión pública exige el acceso a la información gubernamental, con el objeto
de mostrar el desempeño de las instituciones, el cumplimiento de los objetivos
y programas de trabajo establecidos, el uso de recursos asignados, el
otorgamiento de sus servicios y los resultados alcanzados. Asimismo es importante
ampliar y garantizar la eficacia de los mecanismos de registro, investigación y
atención de denuncias presentadas por la ciudadanía.
En este contexto es necesario promover el diseño y la
aplicación de sistemas de medición que permitan conocer la percepción de la
sociedad sobre el fenómeno de la corrupción y establecer acuerdos con las
organizaciones de la sociedad civil para enfrentar la corrupción, mediante
acciones concretas que muestren su participación corresponsable en esta gran
tarea nacional.
3. Mecanismos de acceso a la información:
programas de intensificación de espacios de comunicación directa gobierno y
sociedad con el objetivo de impulsar los distintos tipos de participación
mediante la apertura, desarrollo y consolidación de espacios de comunicación
directa gobierno y ciudadanía. La creación de estos espacios permitirá al
gobierno adecuar planes y proyectos acordes con las necesidades de la
población, unir esfuerzos y recursos para mejorar procesos administrativos y de
atención a las necesidades sociales, y tener la opinión de la ciudadanía para
evaluar su gestión.
Desde luego, el deseo de información en
la buena sociedad no se satisface tan fácilmente. Bien es verdad que sus socios
también forman parte del pueblo, o sea de los que son gobernados. Sin embargo,
como ciudadanos con mayor nivel de instrucción no tienen una opinión
definitivamente mala al examinar si son gobernados bien.
La elite quiere considerar este asunto
con más diferenciación, y una ‘prensa seria’ se dedica a satisfacer sus más
elevadas exigencias intelectuales: informa a sus lectores sobre las cotidianas
decisiones políticas en el interior de la nación, pero también sobre los
numerosos intereses y actividades nacionales en el exterior, y lo hace de una
manera como si fueran ellos los que tuvieran que llevar a cabo todo ello. Cada
asunto que la soberanía pone en el orden del día se les presenta como una
necesidad objetiva, que se comprende de suyo o que en todo caso está fuera de
cuestión, y que hay que superar con máxima habilidad y éxito.
En este sentido, los medios, en general, y la televisión, en particular,
debido a su condición de medio de comunicación de masas hegemónico, serían
causantes, en gran medida, de la fijación de esos lugares comunes de
concentración de la atención, mediante el proceso de selección de temas o
“tematización”. Este proceso de tematización remite al efecto de
“Agenda–Setting” que constituye, actualmente, uno de los sectores de
investigación con una mayor capacidad de renovación de los estudios sobre los
efectos de comunicación de masas. Esta modalidad parte de la constatación del
poder ejercen los medios de comunicación de masas para influir y determinar el
grado de atención que el público otorga a ciertos temas, los cuales quedan
sometidos a la atención y el interés colectivo.
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consulta sobre la participación. Departamento de Programas Sociales y
Desarrollo Sostenible. Washington. Disponible: http://books.google.co.ve/
Barber, M.
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educativos con mejor desempeño del mundo para alcanzar sus objetivos. [Artículo
en línea]. OPREAL N° 41. Disponible en:
http://www.oei.es/pdfs/documento_preal41.pdf
Bracho, P (1992). El Partido contra la sociedad.
Carmona, J. (2000). El defensor del pueblo europeo.
Madrid: Ministerio de Administraciones Públicas. Disponible:
http://books.google.co.ve
Centro Latinoamericano de Administración para el
Desarrollo. (2009). Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la
Gestión Pública. Aprobada por la XI Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado. Lisboa, Portugal, 25 y 26 de junio
de 2009
http://www.clad.org/documentos/declaraciones/carta-iberoamericana-de-participacion-ciudadana
Cieza, J. (2003). Educación Comunitaria. [Artículo en
línea]. Revista de Educación, 339 (2006), pp. 765-799. Disponible:
http://es.scribd.com/doc/35892674/Educacion-Comunitaria.
Feo, M. Los partidos políticos: su origen y su
funcionamiento
Morales y Gómez, J. (2011). Opinión pública y democracia,
algunas aportaciones para su estudio
Michels, R. (2008). Los Partidos Políticos.
Petit, M. (2007). Medios de comunicación.
Romero, J. (2009). Venezuela siglo XXI democracia y
movilidad social
Sanhueza, A. (2004). Participación ciudadana en la
gestión pública. Corporación Participa. Santiago. Disponible: http://www.participa.cl/wp-content/uploads/2007/10/participacion-ciudadana-en-la-gestion-publica.pdf
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